Jurisprudencia y derecho aplicable en materia de apellidos en el ámbito comunitario

 Resumen

Al tratar la legislación a aplicar a nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea en los casos en que la controversia viene dada por la disparidad de legilaciones que los estados miembros realizan sobre cada cuestión, deberemos tener en cuenta la interacción entre dicha materia en concreto y los distintos derechos y libertades suscritos por el ente comunitario y que son merecedores de tutela en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso, el análisis se centra en los problemas que se suscitan entre distintas legislaciones actuantes en materia de apellidos. Así, la tutela de los derechos y libertades será por tanto una vara de medir para marcar el márgen de interpretación y aplicación de la norma con el que contará el órgano jurisdiccional europeo, así como un límite a la posibilidad de los estados miembros de utilizar argumentos como la protección los intereses generales para justificar el perjuicio causado a un nacional o ciudadano comunitario. 

REGISTRO CIVIL - GARCÍA AVELLO - GRUNKIN PAUL-  ILONKA SAYN-WITTGENSTEIN-

Abstract

When dealing with the applicable law to the EU Member States  in cases in which the controversy is brought about after the disparity of legislations that member states do about each matter, it is to be taken into account the interaction between such matter and the rights and freedoms ruled by the comunitary body and which deserve protection in the ECJ. In this case, the analysis focuses on the problems between legislations regarding surnames. Thus, the protection of rights and freedoms will work as a yardstick as to the scope for interpretation and application at the reach of the jurisdictional body, as much as a limit for member states to invoke the public policy to justify any harm caused to a national or comunitary citizen. 

REGISTER -GARCÍA AVELLO -GRUNKIN PAUL - ILONKA SAYN-WITTGENSTEIN

La Convención Europea de Derechos Humanos en su artículo 8, así como el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea propugnan el derecho a la privacidad familiar[1]. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 18, antiguo artículo 12 de la malograda Constitución Europea, propugna por su parte la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad. Este artículo deberá quedar marcado desde este momento por cuanto servirá de marco para el amparo de las pretensiones en relación con los apellidos. Por último, la nacionalidad europea, complementaria con la adquirida respecto del estado miembro de pertenencia, está establecida en el artículo 20 TFUE, antiguo artículo 17, así como la libertad de circulación en el territorio comunitario en el nuevo artículo 21. Este artículo se complementa por el 49 por cuanto establece la libertad de establecimiento en otro Estado Miembro y prestación de servicios, en este caso de forma pasiva.

Pero antes de entrar a estudiar las diversas cuestiones que esta regulación ha suscitado, observemos el ámbito en el que se desarrolla la cuestión y su interacción con el ámbito comunitario.

Lo primero a señalar es, tal y como afirma el Fiscal General en el caso C‑208/09 (Ilonka Sayn-Wittgenstein) que la legislación en cuanto a apellidos es materia regulada en los Estados Miembros, sin que esto sea óbice, sin embargo, para que tal legislación deba estar de acuerdo con lo que se establece y regula por el legislador europeo. En concordancia con la regulación que hemos observado antes y en definitiva de las normas europeas que regulan los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, no es posible discriminar a un ciudadano por razón de nacionalidad, por lo que la legislación nacional deberá ser acorde a esta máxima jerárquicamente merecedora de respeto.

La situación en la que un ciudadano europeo puede verse envuelto  como consecuencia de una discrepancia en sus apellidos puede desencadenar dificultades tanto a nivel personal como profesional. Como ejemplo que podemos tomar de los problemas que origina tal discrepancia, tenemos el reconocimiento de títulos y diplomas que han sido reconocidos y entregados a ese mismo ciudadano en otro estado bajo otro nombre. En el día a día de una persona se observarían problemas similares puesto que se requiere en muchos casos de identificación para proceder. En todo caso puede generar dudas en quien ha de verificar los documentos y lo hará también de la veracidad de los mismos o planteará también en algunos casos inseguridad en cuanto a suplantación de identidad en la celebración de contratos.

La libertad de movimiento en la Unión Europea puede ser restringida en determinados casos, véase cuando produce problemas para el interés general o de política pública (public policy), pero en todo caso basado en consideraciones objetivas y ponderando el perjuicio causado a los intereses nacionales y los que se causan a quienes se les restringe tal libertad. La mera dificultad a nivel administrativo no puede ser en ningún caso obstáculo suficiente para hallar una justificación.

A partir de aquí, será diversa la problemática suscitada a raíz de las distintas legislaciones y regulaciones que de los nombres y apellidos se hace en los distintos Estados Miembros. Los que trataremos aquí serán los siguientes:

-Ilonka Sayn-Wittgenstein

-Grunkin y Paul.

-García Avello.

El problema originado con la supresión de los apellidos con connotaciones nobiliarias nació a raíz de la decisión de los gobiernos alemán y austriaco de eliminar ciertas partes de apellidos tras el fin de la Primera Guerra Mundial, véase “Von” o “Zu”, reminiscencias de un pasado en el que esa partícula implicaba la pertenencia a un determinado estamento, especialmente la nobleza, pero también títulos reales como Fürst o Fürstin. Por ello,  y desde que en Alemania y Austria se instauró la república, es decir, el sistema democrático, y se produjo la implantación de derechos fundamentales y principios básicos propios de tal sistema, toda indicación de pertenencia a un estamento social aristocrático podía herir sensibilidades y traer consigo connotaciones contrarias al principio de igualdad que toda constitución moderna incluye entre sus líneas básicas y cuya contravención prohibía taxativamente la Carta Magna germana en su artículo 109 inter alia. En Alemania se permitió la existencia de tales apellidos que serían transmitidos de forma inamovible, siendo diferentes sólo para el caso del género masculino o femenino.

Dada la diferencia en el tratamiento de esta cuestión ente el Estado Alemán y el Austriaco, se plantea una cuestión, por cuanto un nacional alemán pretende sin éxito inscribirse en el Registro Civil Austriaco con un apellido nobiliario. Es el tribunal al que se impugna tal decisión quien plantea la cuestión al Tribunal Europeo para solventar la duda y conocer el derecho aplicable en consonancia con la prevalente Convención Europea de Derechos Humanos, dada la jurisprudencia anterior que expondremos más adelante del caso Grunkin and Paul.

De esta manera, el artículo 8 de la Convención señala que debe respetarse la privacidad familiar, siendo más relevante su apartado dos por cuanto realiza un mandato en sentido negativo a los Gobiernos de los Estados Miembros, prescribiendo toda interferencia con tal esfera de privacidad con la única y extraordinaria excepción de casos determinados, como un riesgo para la seguridad nacional, protección de la seguridad pública, el bienestar económico del país, la prevención del crimen, la protección de la salud o la moral, o la protección de los derechos y libertades de otros.

No es menos cierto, por otra parte, que es discutible la pertenencia del apellido a la privacidad familiar, como se discute en Burghartz and Stjerna.

También se toma en consideración el Derecho Comunitario por cuanto artículos como el 18, 20, 21 ó 49 TFEU harían incompatible la legislación nacional con la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad, libertad de movimiento, establecimiento y todas aquellas libertades que a lo largo de los años la jurisprudencia comunitaria ha ido protegiendo.

El caso en concreto se trata una adopción, y la legislación civil alemana señala que el adoptado adquirirá la nacionalidad del adoptante. En este caso es una ciudadana austriaca quien es adoptada por un ciudadano alemán. Al inscribirse en el registro, se la inscribe con el apellido femenino, Fürstin, en lugar de Fürst, apellido de su padre adoptivo, de acuerdo  con la regulación alemana de tales apellidos.

Jurisprudencia constitucional en un caso similar había concluido que un apellido nobiliario no sería transmisible por adopción en correspondencia con la ley de abolición de estos apellidos y que en ningún caso podría establecerse una diferencia según el sexo de la persona.

Por tanto recibió notificación de las autoridades austriacas confirmando la supresión de Fürstin de su apellido.

Esto ha sido reiteradamente considerado inapropiado para el tribunal al considerarse en casos como en Konstantinidis que la mera trascripción de un apellido de un alfabeto a otro puede considerarse una seria inconveniencia para el ejercicio de los derechos comunitarios. Esta inconveniencia se vería agudizada, como así se sostiene en García Avello y Grunkin-Paul, por la dificultad que implica un continuo examen de autenticidad y contraste de datos para verificar la coincidencia de identidades pese a la disparidad de nombres.

Las autoridades austriacas, por su parte, sostienen que tal inconveniencia no sería de de mayor entidad por cuanto mantiene elementos en su apellido que lo hacen difícilmente confundible y lo identifican con el anterior sin que la carga de la demostración de identidad sea una suerte de probatio diabolica para esta ciudadana.

Por el contrario, señala el abogado general que no parece apropiado permitir a un ciudadano beneficiarse de ese apellido dada la actividad laboral que realiza. Como agente inmobiliaria supone una ventaja intermediar en operaciones comerciales sobre bienes inmuebles de los cuales en un alto porcentaje son castillos, con las connotaciones que éstos conllevan.

Sin embargo, dado que en derecho alemán las partículas “von” y Fürstin” son apellidos y no partículas adjetivas al apellido principal, no podemos considerarlo como un anexo secesionable y autónomo sino la parte de un todo que no puede ni debe ser soslayado.

Por tanto, señala el abogado general, tendría la misma consideración en cuanto a la inconveniencia sufrida que en los casos Grunkin-Paul, Garcia Avello y Konstantinidis.

En el célebre caso García Avello, son un nacional español y una nacional belga quienes al tener descendencia se dirigen al registro civil belga para inscribir a sus hijos bajo sus apellidos, toda vez que ya habían procedido previamente a la inscripción en la sección consular correspondiente, de acuerdo con la legislación española, bajo los apellidos García Weber, es decir, bajo los apellidos del padre y la madre, respectivamente. El problema que suscita esta cuestión tiene lugar cuando el padre trata de inscribir bajo tales apellidos a sus hijos y en lugar de eso, el encargado del Registro Civil le comunica que no podrán inscribirse de esta forma sin vulnerar la norma belga en esta materia, y que por tanto la inscripción tendría lugar bajo los apellidos García Avello, apellidos ambos del padre. Dados los argumentos similares a los esgrimidos hasta este punto para casos similares y sin ánimo de  entrar a valorar cada cuestión discutida por las partes en el proceso y el tribunal en su fallo, podemos entender que en virtud de los derechos citados se concedió la petición al Señor García y la Señora Weber para inscribir a sus hijos en Bélgica con sus apellidos de acuerdo con la normativa española como podemos observar con detenimiento tanto en la Ley del Registro Civil de 8 de Julio de 1957 en su Capítulo III del Título V como en el Reglamento del Registro Civil aprobado por Decreto el 14 de Noviembre de 1958 en su Título V, Capítulo I, sección V).

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[1] Su ámbito de aplicación y magnitud es discutible y variable atendiendo a diferentes criterios, como sostiene Robert C. Post. Yale Law School. Faculty Scholarship Series http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1184&context=fss_papers

Remedios legales en perspectiva comparada

Justo antes de la indagación en los distintos ordenamientos jurídicos para analizar este tema, hay un asunto que debemos tratar con antelación. Este es la formación de contratos. En este caso, vamos a analizar los requisitos que cada ordenamiento jurídico impone a las partes de una promesa para ser jurídicamente vinculante.



Según la ley inglesa, un contrato no se forma inmediatamente después de una promesa. Por lo tanto, podemos decir que una promesa no es ejecutiva por sí misma, sino después de cumplir con varios requisitos. Por lo tanto, habrá algunos requisitos para una promesa para ser considerada vinculante. Estos requisitos, por ejemplo, son los de la clase de lo que los tribunales ingleses llaman ‘consideration’. Son la doctrina y las decisiones judiciales las que han decidido a través del tiempo, como ocurrió en el caso Currie v. Misa, qué tipo de promesas se pueden entender como vinculantes.

En este caso, el tribunal decidió que un contrato oneroso puede consistir en algún derecho, interés, beneficio o ventaja procedentes para una parte, o indulgencia de algunos, perjuicio, pérdida o responsabilidad dada, sufrida, o emprendida por el otro.

Pero hay más requisitos a cumplir por un contrato válido. Podríamos encontrar algunas dificultades para llegar a un acuerdo si la promesa es que se contabilicen como obligatorio cuando no se realiza a petición del destinatario de la promesa, o cuando su contenido implica hacer lo que alguien ya está obligado a hacer.

En tercer lugar, hará que el promitente muestre una intención, sin duda, para contratar, privando así a las partes de uniones de forma accidental [[1]].

En cuanto a la idea de beneficio o perjuicio, la ‘consideration’ consistirá en una prestación de algún tipo para el promitente o un perjuicio a la promesa. Sir Frederick Pollock considera un perjuicio como "el precio al que se compra la promesa". Pero hay una regla adicional con respecto a este beneficio o perjuicio, ya que se considera necesario contar con el acreedor. Sin embargo, la idea del beneficio será necesaria, pero no se hace necesario ser claro, bastando un "práctico" beneficio para que tenga lugar esta ‘consideration’.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la ‘consideration’ es a cambio de la promesa, y por lo general, no necesariamente se da a la petición del promitente. Por otra parte, no se representa como una promesa vinculante  una acción perjudicial aceptada por el acreedor en relación directa con la promesa, sino a cambio de ella. Por lo tanto, en el caso Combe v Combe, una promesa de pagar una pensión mensual no sería calificada como ‘consideration’ ya que el promitente no solicitó la indulgencia de la otra parte, y esta acción no debe decirse que ha sido a cambio de la promesa de pagar.

También se debe diferenciar del cumplimiento de una condición. Hay una gran diferencia en que el promitente pida a quien recibe la promesa que se perjudique a sí mismo para obtener una cierta cantidad de dinero. Sin embargo, sería problemático cuando se trata de buscar una diferencia en el caso de una conducta de hacer. Para ayudar a diferenciarlo, un caso ilustrativo es el de Chapell & Co. Ltd. V. Nestlé Co. Ltd.

En este caso, el precio no sería el dinero por sí solo, por lo que el resto del precio no sería una condición, sino una parte de esta ‘consideration’.

Una diferencia entre ‘consideration’ y regalo se hizo también por los tribunales en Esso Pretroleum Co. Ltd. vs. Aduanas e Impuestos Especiales Comisionados. Esta empresa ofrece una moneda a cambio de una compra de cuatro galones de gasolina. Esta moneda fue entendida como parte de una oferta de ‘consideration’.

Por lo tanto, un contrato, por el momento, siempre requerirá la ‘consideration’ de algún tipo, a menos que se trate de llegar a un acuerdo por medio de un documento legal (writ).

Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo de King’s Bench en 1756, Lord Mansfield afirmó que el examen no se puede exigir en dos ciertos tipos de contratos, que son, por un lado, los que hicieron sobre la base de la costumbre comercial y por el otro lado los que responden a la obediencia a una norma legal. Esto se puede leer en el caso Rann vs. Hughes. Hizo un nuevo ataque al concepto de consideración. Se considera una obligación moral anterior y suficiente para apoyar una ‘consideration’ de forma expresa, pero siendo la promesa gratuita. Hay por otra parte un terreno común o similitud en los conceptos de ‘consideration’ y el término 'causa' del derecho civil continental, finalmente descartado en el caso Eastwood v Kenyon.

Finalmente, es de rigor mencionar que una deuda anterior también será suficiente para considerar la existencia de ‘consideration’, pero sólo cuando la tolerancia se induce como resultado de una deuda exigible. Esta particular forma de consideración tiene una regulación especial cuando se da bajo la forma de un instrumento negociable, tal como un cheque. En este caso, según el artículo 27 (1) Bills of Exchange Act de 1882, ‘consideration’ de suficiente entidad se considera también el acto de dar sustento a un simple contrato o una deuda o responsabilidad precedente.
El examen no será suficiente y debe ser real. Debe ser de algún valor en el ojo de la ley, pero sólo de un cierto valor. Así, debe ser real y por cuanto acabamos de decir, debe ser de algún valor a los ojos de la ley.



Aunque este concepto puede parecer desconocido para nosotros, es decir, aquellos que han estudiado Derecho contractual en el marco del sistema de derecho continental civil, no encuentran una gran diferencia cuando se compara con la idea de reciprocidad, que nos parece imprescindible para la formación de un contrato válido. Pasemos a observar  el sistema de derecho continental civil, a fin de verificar estos requisitos del sistema de la promesa de ser vinculante.





LEY FRANCESA



Considerando que, de acuerdo con la legislación Inglesa, un contrato es vinculante sobre la base de una ‘consideration’ de algún tipo (estimado válido por la jurisprudencia), la ley francesa da una mirada en dos conceptos distintos pero relacionados entre sí, como la 'cause' y 'objet'.

En primer lugar, el ‘objet’, se refiere a la materia en un contrato. Otro objeto del contrato a veces sólo consiste en prestaciones en el ojo de los juristas modernos, como se afirma desde el principio en los principios de derecho francés. Pero la idea principal es, sin tener en cuenta su origen, el objeto del contrato, puede ser algo físico, una actividad o una omisión o un riesgo.

Dos requisitos se establecen en cuanto a la validez del ‘objet’. El primero de ellos es su legalidad. El derecho francés exige que el objeto de un contrato sea legal. Esta es una forma simplificada de decirlo, ya que no será válida si es contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres (sentido amplio del término legal o 'lícito').

Como resultado, un contrato entre las partes nunca será vinculante cuando la cosa, la actividad, la omisión o el riesgo se consideren contrarios a la ley. Por lo tanto, en el caso de un contrato con una madre de alquiler, el contrato sería nulo por la falta de un ‘objet’ lícito.

En cuanto a la causa, ‘la cause’ en francés, a un abogado común le resulta muy difícil de entender este término debido a su incertidumbre, la disparidad y el conflicto en torno a ella. Para acercarse a este término, lo habitual es explicar por qué un deudor debe una obligación. Para acercarse a su verdadero significado, debemos estudiarlo desde dos puntos de vista diferentes, en relación con dos esferas diferentes: el ámbito objetivo y el subjetivo.

En el enfoque subjetivo, la causa estaría relacionada con el motivo determinante para que el deudor deba llevar a cabo la obligación, mientras que por otro lado, cuando se considera el punto de vista objetivo, se conecta a la razón legal o formal para la imposición de la obligación.

Tenemos que tomar una mirada más profunda sobre los contratos bilaterales, donde se llevan a cabo las obligaciones recíprocas. En estos casos, la falta de ‘objet’ en una de las partes dará lugar a una falta de causa en el otro. También es importante porque los tribunales han recurrido a veces el término ‘cause’ para invalidar una cláusula de exención o limitación de responsabilidad con respecto a cuando éstos se deriven de las obligaciones contractuales. Además, la causa no existirá cuando no es de utilidad o se considera irrisoria para la otra parte. Esta última situación es muy similar a lo que ocurre cuando los tribunales de derecho común no puede encontrar suficiente consideración en un contrato supuestamente vinculante. Esta similitud es sin embargo superficial. El acuerdo gratuita que se puede llegar de acuerdo con la legislación Inglés no será considerado como un contrato bilateral de acuerdo con la legislación francesa, ya que sólo creará obligaciones en nombre del promitente.

La última razón para considerar la causa importante de acuerdo a la legislación francesa es la legalidad del propósito que tiene su origen en el contrato.

Por último, hay otro concepto clave para el contrato en el derecho francés, que es 'lesión'. Este término se refiere a la pérdida sufrida por una de las partes en las condiciones del contrato. Sin embargo, este término no lo haría sufijo por sí mismo a fin de evitar un rendimiento contrato. Hay que considerar los fundamentos legales para encontrar lo que abusives cláusulas llamadas de "la ley francesa.

En su conjunto, estas regulaciones se cree que son un límite a la libertad teóricamente absoluta de contrato.



Ley alemana: de acuerdo con la ley alemana, el contrato está formado por dos declaraciones de intenciones, que son la oferta y la aceptación.

El Código Civil alemán, crea una presunción: todo el mundo está en posesión de las cualidades necesarias como para entrar en una relación contractual. Este principio general se observó sobre todo en el derecho alemán en tres aspectos diferentes.

En primer lugar, la edad y la capacidad se dividen en tres etapas diferentes, sólo la primera siendo una disuasión para que una persona se obligue mediante contrato. Esta etapa termina a la edad de 7 años. Por lo tanto, la seguridad y la precisión en los contratos ha sido principalmente tomada en consideración al crear este reglamento.

También hace una distinción entre las personas psicológicamente incapacitadas debido a una enfermedad mental que tenga una duración determinada y los que carecen de capacidad debido a la mayor perturbación mental temporal o debido a la inconsciencia (105. Nr. 2 del Código Civil). [2]

En todos estos casos, la declaración de intención será nula en virtud del § 105 BGB. En este caso, la seguridad en los contratos no se ha considerado mayormente.





Después de esta breve mirada a tres diferentes tradiciones jurídicas de Europa, en esta parte se examinará la responsabilidad derivada de un contrato. Al tratar de averiguar si existe una regulación similar en las tres tradiciones diferentes, hay tres conceptos que deben tenerse en cuenta: coacción, fraude y error, siendo los tres motivos son para evitar un contrato.

 Sin embargo, al echar un vistazo más profundo, surge que hay muchas causas para evitar un contrato, que varían de una tradición legal a otra.

De hecho, según el Derecho Inglés, encontramos error, falsedad, coacción y la influencia indebida. En el derecho francés hay error, fraude y amenaza. En el derecho alemán: fraude, error y amenaza ilegítima.

Remedios por incumplimiento de contrato:



Derecho Inglés



Según la ley Inglesa, el remedio principal es la indemnización. Como afirma Oliver Wendell Holmes en The Common Law (1881), "La única consecuencia universal de una promesa legalmente vinculante es que la ley hace que el promitente pague los daños y perjuicios si el acto prometido no llega a pasar". Otra regla tradicional y primaria a citar aquí es "Usted puede romper cualquier contrato tanto como esté listo para pagar daños y perjuicios".

La terminación es otro remedio para estos casos (termination), que descarga a ambas partes de rendimiento adicional. Los términos en que se “termina” un contrato dependerán de la naturaleza del término roto, funcionando bajo algunas condiciones y lográndose algunas garantías. La cuestión de si los daños o la terminación deben aplicarse es contestada por un nivel de utilidad del contrato por la parte no incumplidora, ya que una violación que no priva a esta parte de la prestación a obtener en virtud del contrato no significaría la terminación, sino los daños.

Después de este recurso, se debe analizar un recurso secundario llamado "cumplimiento específico". De acuerdo con este remedio, la persona que incumplió el contrato se vería obligada a realizar la prestación, a pesar de que esto significa forzar a la persona a hacer o dar algo de acuerdo a los términos del contrato. Este se dice que es un remedio de equidad (courts of equity), disponible a discreción del tribunal y relacionado con la “law of equity”, puesto que sólo están disponibles a discreción del tribunal.

El análisis de un sistema legal implica tener en cuenta su propia naturaleza y características principales con el fin de entender cómo funcionan las cosas en ella. Por lo tanto, es obligatorio echar un vistazo al sistema de justicia del derecho común. Históricamente, podría haber sido descrita como la suma de dos mitades: los tribunales de justicia por el derecho común y los tribunales de equidad de la ley de equidad. Sin embargo, en 1873 y 1875 se produjo una fusión de ambos. Como resultado de ello, ahora cada tribunal es un tribunal de justicia y equidad. Esta unión no es una carga para marcar la diferencia entre la ley y los remedios de equidad, sin embargo. Por un lado, los recursos del derecho, normalmente serán pecuniarios. Por otra parte, los remedios de equidad significarían obligar a alguien a hacer (rendimiento específico) o evitar (mandato) una determinada acción. Normalmente se otorgarán cuando la  compensación monetaria no es adecuada, dejando un resultado injusto si es elegida.

¿Cuándo los daños son inadecuados?

Cuando se trata de la tierra, la indemnización no parece ser un remedio apropiado, ya que la tierra es algo único y obligar a aceptar el remedio indemnizatorio significaría forazar a renunciar a la promesa para la que entró en el contrato. En su conjunto, no es un recurso adecuado cuando los productos son únicos. En otros casos, como en Beswick vs Beswick, una indemnización no es apropiada porque significaría una cantidad simbólica o una cantidad para la que no hay ninguna forma fácil de calcular en cuanto a la pérdida.

También hay limitaciones en cuanto a la obligación de cumplir el contrato en el caso de cumplimiento específico. Algunas de las razones por las que puede resultar inadecuada son las acciones que llevarían un largo período (llamado 'espada de Damocles'), en los contratos de servicio de personal (que podría significar una humillación) y también el que el cumplimiento es imposible debido a la naturaleza de la violación (como lo que sucede cuando una persona vende un terreno que no es de su propiedad).



LEY ALEMANA



Ahora, es el momento de echar un vistazo a la legislación alemana en materia de recursos. En el derecho alemán, el rendimiento no se considera un remedio, sino una consecuencia natural del contrato, ya que se trata en el § 241 I BGB.

En el derecho alemán, el concepto de "Anspruch '(demanda) es muy importante. Este sistema legal considera ésta motivo para requerir hacer el contenido de la obligación.

Como sucede en Derecho Inglés, hay algunas limitaciones pensadas para un cumplimiento específico. También contará con dos versiones: el caso del rendimiento como una conducta activa y el caso de la medida cautelar.

Hay otras opciones para el destinatario de la promesa de ver cumplido el derecho a recibir un rendimiento. También es posible que se hagan cumplir por un agente judicial que entrega las mercaderías en poder del acreedor, esta opción está obviamente limitada a los bienes muebles.

Cuando se trata de la terminación, una distinción debe hacerse entre varios conceptos similares, tales como la evitación, cancelación y terminación. El primero opera ex tunc, mientras que la cancelación y extinción operan ex nunc. La solicitud de terminación significa que a la parte llamada inocente, es decir, el que no ha incumplido el contrato, se le permitiría rescindir el contrato si la otra parte incurrió en un incumplimiento del mismo. En cuanto a los términos en los que la terminación se aplica en el derecho alemán, se encuentra  en la sección § 323 BGB y siguientes, que se refieren a la terminación por incumplimiento, salvo en caso de imposibilidad, incumplimiento, cumplimiento defectuoso, etcétera.

Por último, hay que destacar la indemnización como remedio muy importante, regulado en las secciones § 280 y siguientes. Aquí, una distinción entre varios tipos de indemnizaciones puede ser encontrada. El BGB describe tres diferentes tipos de ellas: en lugar de la ejecución, indemnizaciones por demora y los "simples" daños y perjuicios. De los tres tipos, es el primero que merece mayor explicación. Se tiene la intención de proteger el interés o expectativa, un equivalente monetario o sustituto de rendimiento. Su principal consecuencia es la extinción de la obligación de realizar.



LEY FRANCESA



En lo que respecta a la legislación francesa, los remedios son también diferentes. Como cuestión de hecho, es en el caso de las obligaciones personales que el acreedor puede obligar al promitente a realizar en la asistencia a la singularidad de la acción o la evasión, la cual debería haber sido cumplida.

En el artículo 1184 del Código Civil francés, el acreedor puede optar por exigir el cumplimiento. Hay un enfoque similar al rendimiento si se compara con la legislación alemana, ya que también está explícitamente considera que tiene la obligación de cumplir a costa del deudor. Derecho contractual francés es también similar a la ley alemana en la medida en que también le resulta adecuado utilizar la autoridad de un oficial de justicia para asegurar la entrega de un bien sujeto a una obligación contractual.

Serán los tribunales que evaluarán la brecha con el fin de decidir si este incumplimiento es lo suficientemente importante como para justificar poner fin al contrato.

También será a discreción tribunales en los casos de cumplimiento parcial o defectuoso.

El concepto de "astreinte".

Este es un concepto muy importante en el estudio de la violación de un contrato en el derecho francés ya que es la herramienta que los tribunales y los acreedores utilizan para forzar el rendimiento. Fue desarrollado en el siglo 19, y consiste en una sanción dirigida a presionar al deudor a realizar.

Hay dos diferentes 'astreintes': astreinte provisional y definitiva.
 [1] "Ley de Contrato de Anson" Jack Beaton, 28 ed. Oxford University Press, 2002.

[2] "La Ley alemana de Contrato. Un tratado comparativa ", 2da. Edition, Sir Basil Markesinis, Unberath Hannes y Angus Johnston Hart Publishing, Oxford y Portland, Oregon 2006

Legal remedies from a compartive perspective

Right before digging in different legal systems to analyze this issue, there is a matter we should deal with in advance. This is the formation of contracts. Here, we are going to analyze any requirements that each legal system imposes on the parties for a promise to be binding.

According to English law, a contract is not formed right after a promise. Therefore, we can say a promise is not enforceable itself but after complying with several requirements. Thus, there will be some requisites for a promise to be considered binding. These requirements, for instance, are those of the kind that English courts call 'consideration'. It is the doctrine and court decisions that have decided thorugh time, as it did in the case Currie v. Misa, which promise can be accounted as binding.

In this case, the court decided that a valuable consideration may consist in some right, interest, profit or benefit accruing to the one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other.

But there are more requirements to accomplish for a valid contract to be formed. We might find some difficulties in reaching an agreement whether a promise is to be accounted as binding when it is not made at the request of the promisee, or when its content implies doing what someone is already obliged to do.

Thirdly, it will make the promisor show a doubtless intention to contract, depriving parties from accidentally binding themselves [[1]].

With regard to the idea of benefit or detriment, consideration will either consist in a benefit of some kind to the promisor or a detriment to the promise. Sir Frederick Pollock himself considered a detriment as “the price for which the promise is bought”. But there is one further rule regarding this benefit or detriment, since it is considered necessary to be provided by the promisee. Yet, the idea of the benefit will be required, but it will not be held necessary to be a clear, sufficing a ‘practical’ benefit for consideration to take place.

Furthermore, consideration must be given in return for the promise, and usually –not necessarily- given at the request of the promisor. On the other hand, it will not be accounted as a binding promise a detrimental action accepted by the promisee in reliance with the promise, but not in return for it. Hence, in the case Combe v. Combe, a promise to pay a monthly allowance would not be accounted as consideration since the promisor did not request for the other party’s forbearance, and this action should not be said to have been in return for this promise to pay.

Consideration must also be differenced from the fulfillment of a condition. There is quite a difference where the promisor asks the promisee to harm himself to obtain a certain amount of money. However, it would be troublesome when trying to make a difference in the case of a performance of some act. To help us make a difference, there is an illustrative case in Chapell & Co. Ltd. V. Nestlé Co. Ltd.

In this case, the price would not be the money alone, so the rest of the price would not be a condition, but a part of this consideration.

A different between consideration and gift was also made by the courts in Esso Pretroleum Co. Ltd. V. Customs and Excise Commissioners. This company offered a coin in return for a purchase of  four gallons of petrol. This coin was considered part of an offer of consideration.

Therefore, a contract, for now, will always require consideration of some kind, unless when reaching an agreement in a deed.

However, Chief Justice of the King’s Bench in 1756, Lord Mansfield asserted that consideration could not be required in two certain kinds of contracts, which are, on the one side, those made on the grounds of commercial custom and on the other side those in obedience to statutory requirement. This can be read in the case Rann v. Hughes. He made a further attack to the concept of consideration. He considered a previous moral obligation s81ufficient to support an express, but gratuitous promise. There is a common ground for consideration and civil law term ‘causa’, finally dismissed in the case Eastwood v. Kenyon.

Finally, it is to be mentioned that a previous debt will also suffice to consider the existence of consideration, but only when forbearance is induced as a result of an enforceable debt. This particular form of consideration has a especial regulation when it is given under the form of a negotiable instrument, such as a cheque. In this case, under section 27(1) of the Bills of exchange Act 1882, valuable consideration for a bill may be constituted by any consideration sufficient to support a simple contract or an antecedent debt or liability.

Consideration will not be adequate and must be real. It must be of some value on the eye of the law, but only of some value. It must be real inasmuch as we just said, it should be of some value in the eye of the law.

Although this concept might seem unfamiliar to us, meaning those who have studied contract law under the continental civil law system, there is not such a huge difference when compared with the idea of reciprocity, which we find essential to the formation of a valid contract. Let’s take a look on the continental civil law system so as to check these system requirements for a promise to be binding.

FRENCH LAW

Whereas, according to English law, a contract is binding on the grounds of a consideration of some kind, French law takes a look on two different but related concepts, such as ‘cause’ and ‘objet’. 

First of all, the ‘objet’, deals with the subject matter in a contract. A contract subject matter will sometimes only consist in prestations in the eye of modern jurists, as it is claimed from the very beginning in the Principles of French Law. But the main idea is, regardless its origin, the object of the contract; may it be a physical thing, an activity or omission or a risk.

Two requirements are set as to the validity of the ‘objet’. The first one is its legality. French law requires the subject matter of a contract to be legal. This is a simplified way to put it, since it will not be valid if it is contrary to law, public policy or morality (wide sense of the term legal or ‘licit’).

As a result, a contract between to parties will never be binding when the thing, activity, omission or risk are considered to be against the law. Therefore, in the case of a contract with a surrogate mother, this contract would be void for the lack of an ‘objet licit’.

As to the cause, ‘la cause’ in French, a common lawyer finds it really difficult to understand this term because of its uncertainty, disparateness and dispute around it. To approach this term, it will normally explain why a debtor owes an obligation. To come closer to its real meaning, we should study it from two different points of view, in connection with two different spheres: the objective and the subjective.

On the subjective approach, the cause would be related to the determining motive for the debtor’s undertaking an obligation, whereas on the other hand, when considered form the objective outlook, it is connected to the legal or formal reason for the obligation’s imposition.

We have to take a deeper look on bilateral contracts, where reciprocal obligations are undertaken. In these cases, a lack of objet in one of the parties will bring about a lack of cause in the other one. It is also important because the courts have sometimes used the term cause to invalidate an exemption or limitation clause regarding responsibility when it derives from the contract obligations. Furthermore, the cause will not exist when it is not of utility or it is considered derisory for the other party. This last situation is very similar to what occurs when common law courts cannot find sufficient consideration in a supposedly binding contract. This similarity is however superficial. The gratuitous agreement which can be reached according to English law will not be considered a bilateral contract according to French law since it will only create obligations on behalf of the promisor.

The last reason to consider the cause important according to French law is the legality of the purpose which originates the contract.

Finally, there is another clue concept to the contract in French law, which is ‘Lésion’. This term refers to the loss suffered by one of the parties in the contract conditions. However, this term would not suffix by itself so as to avoid a contract performance. It is to be considered the legal grounds to find what French law calls ‘clauses abusives’.

As a whole, these regulations are thought to be a limit to the theoretically absolute liberty of contract.

German Law: according to German law, a contract is formed by two declarations of intention, which are the offer and acceptance.

The BGB, German Civil Code, creates a presumption: everyone is in possession of the necessary quality as to entering a contractual relationship. This general principle is especially remarked in German law in three different respects.

First of all, the age and capacity are divided in three different stages, only the first one being a deterrence for a person to contract. This stage ends at the age of 7. Therefore, security and accuracy in contracts has been primarily considered when creating this regulation.

It also makes a distinction between psychologically disabled people due to mental illness that is of a certain duration and those who lack capacity because of more temporary mental disturbance or due to unconsciousness (105. Nr. 2 BGB).[2]

In all these cases, the declaration of intention will be void under §105 BGB. In this case, security in contracts has not been majorly considered.

After this brief look at three different legal traditions in Europe, this part will examine responsibility derived from a contract. When trying to find out whether there is a similar regulation in all three different traditions, there are three concepts to be taken into account: duress, mistake and fraud, the former three being grounds for avoiding a contract.

 However, when taking a deeper look, it comes up that there are many causes for avoiding a contract, which vary from one legal tradition to another.

In fact, according to English law we find mistake, misrepresentation, duress and undue influence. In French law, there is mistake, fraud and threat. In German law: fraud, mistake and illegitimate threat.

Remedies for breach of contract:

ENGLISH LAW

According to English law, the primary remedy is damages. As Oliver Wendell Holmes claims in The Common Law (1881), “The only universal consequence of a legally binding promise is that the law makes the promisor pay damages if the promised act does not come to pass”. Another traditional and primary rule to quote here is “You can breach any contract as soon as you are ready to pay damages”.

Termination is another remedy for these cases, which discharges both parties from further performance. The terms in which a contract will be terminated will depend on the nature of the term broken, works under some conditions and it brings about some warranties. The question whether damages or termination should apply is answered by a standard of utility of the contract for the non-breaching party, since a breach which does not deprive this party from the benefit intended to obtain under the contract would not mean termination but damages.

After this remedy, we should analyze a secondary remedy called “specific performance”. According to this remedy, the person who breached the contract would be obliged to perform, even though this means forcing the person to do or give something according to the terms of the contract. This one is said to be an equitable remedy, available at court’s discretion and related to the law of equity, since they are only available at the court’s discretion.

Analyzing a legal system implies taking into account its own nature and main characteristics in order to understand how things work in it. Therefore, it is compulsory to take a look at the common law system of justice. Historically, it could have been described as the sum of two halves: the courts of law for common law and the courts of equity for the law of equity. However, in 1873 and 1875 they was a fusion of both. As a result, now every court is a court of law and equity. This union is not a burden to make a difference between law and equity remedies, though. On the one hand, law remedies are normally pecuniary. On the other hand, equitable remedies mean forcing someone to do (specific performance) or avoid (injunction) a certain action. It will normally be awarded where monetary relief is not adequate, leaving an unfair result if chosen.

When would damages be inadequate?

When it comes to land, damages do not seem to be an appropriate remedy since land is unique and forcing someone to accept the remedy means making the promisee relinquish what he entered the contract for. As a whole, it is not an adequate remedy when goods are unique. In other cases, as in Beswick vs. Beswick, damages would mean a symbolic quantity or where there is no easy way to calculate the loss.

There are also limitations as to the obligation to complywith the contract in the case of specific performance. Some reasons to find it inadequate are actions which would take a long period (named ‘sword of damocles’), in contracts of personal service (it could mean a humiliation) and also where performing is impossible because of the nature of the breach (As it happens when a person sells a land that he does not own).

GERMAN LAW

Now, it is time to take a look on German law in regard to remedies. In German law, performance is not considered a remedy, but a natural consequence of the contract, as it is mentioned in §241 I BGB [3].

In German law, the concept of ‘Anspruch’ (lawsuit) is very important. This legal system considers this the grounds for requiring doing the obligation content.

As it happens in English law, there are some thoughtful limitations for specific performance. It will also have two versions: the case of performance as an active conduct and the case of injunction.

There are other options for the promisee to see the right to receive a performance be fulfilled. It is also possible to be enforced by a bailiff who hands the goods over to the creditor, this option being obviously restricted to movable goods (movables).

When it comes to termination, a distinction should be made among several similar concepts, such as avoidance, cancellation and termination. The first one operates retroactively, whereas the cancellation and termination operate onwards. The application of termination means that the so called innocent party, meaning the one who did not breach the contract, would be allowed to withdraw from the contract if the other party committed a breach of it. For the terms in which termination applies in German law, section §323 BGB and following, which deal with termination for breach other than in case of impossibility, non-performance, defective performance and so on.

Finally, we should highlight damages as a very important remedy, ruled in sections §280 and following. Here, a distinction among several types of damages can be found. The BGB describes three different types of damages: damages in lieu of performance, damages for delay and ‘simple damages’. Of all three types, it is the first one to deserve any further explanation. It is intended to protect the expectation interest, a monetary equivalent or substitute of performance. Its main consequence is the extinction of the duty to perform.

FRENCH LAW

When it comes to French law, remedies are also different. As a matter of fact, it is in the case of personal obligations that the promisee can compel the promisor to perform in attendance to the uniqueness of the action or avoidance which should have been complied with.

In the article 1184 of the French Civil Code, the creditor can choose to compel performance. There is a similar approach to performance if compared to German law, since it is also explicitly considered to have the obligation fulfilled at the debtor’s expense. French contract law is also similar to German law inasmuch it also finds it suitable to use the authority of a bailiff to assure the handover of a good subject to a contract obligation.

It will be the courts that will evaluate the breach so as to decide whether this breach is sufficiently important to justify ending the contract.

It will also be at the courts discretion in the cases of partial or defective performance.

The concept of ‘astreinte’.

This is a very important concept when studying the breach of a contract in French law since it is the tool that courts and creditors use to coerce performance. It was developed in the 19^th Century, and consists in a sanction aimed to pressure the debtor to perform.

There are two different ‘astreintes’: provisional and definitive astreinte.

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[1] “Anson’s Law of Contract” Jack Beaton, 28th ed. Oxford University Press, 2002.

[2] “The German Law of Contract. A comparative treatise”, 2nd. Edition, Sir Basil Markesinis, Hannes Unberath and Angus Johnston Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2006
[3]The Maastricht Collection. 2010